"INVESTIGAMOS A LOS INDÍGENAS POR LA SEGURIDAD DEL ESTADO"

Las autoridades de Estado hablan de la legalidad, pero no del tipo de delito que cometieron los dirigentes indígenas.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró ayer que la investigación gubernamental que derivó en un extracto de llamadas de dos empresas telefónicas en el que se constata la comunicación entre el asesor de la Embajada de Estados Unidos, Eliseo Abelo, y tres indígenas que lideran la marcha en contra del tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos está dentro del marco legal. 

“NO SON PINCHAZOS NI ESPIONAJE”.  Llorenti dijo que “no se trata de pinchazos o interceptación de llamadas, lo que encontramos fue un registro de llamadas, autorizado por una autoridad competente, sobre los vínculos entre los dirigentes y la Embajada de Estados Unidos. Todo fue en el marco de un orden interno y la seguridad del país”.
Se respaldó en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 44 y 45 de la Ley de Organización del Ministerio Publico.

EVASIVAS POR EL TIPO DE DELITO. El Ministro refirió que la semana pasada, el Gobierno recibió la información de estos contactos, por lo que, a través de un memorial entregado al Ministerio Público, se pidió al fiscal Félix Peralta un requerimiento legal.
Llorenti no precisó qué tipo de delito suscitó la investigación sobre Pedro Nuni, indígena y asambleísta del MAS; Rafael Quispe, mallku del Conamaq, y la esposa de Adolfo Chávez, presidente de la Cidob.
Rafael Quispe declaró a La Prensa que tomará acciones legales en contra del Primer Mandatario. “Esto no quedará así”.
Según el registro, Abelo llamó desde el inicio de la marcha (15 y 17 de agosto) al 73059187, número de Quispe. Otros números, 71550964, 73059187 y 77267645, entre los días 1 y 20 junio, el 6 de julio, demuestran las llamadas a la esposa de Chávez y a Nuni.
Por su parte, el fiscal Peralta tampoco explicitó el tipo de delito cometido por los indígenas e informó a la red Erbol que la solicitud del Ministerio Público fue “para conocer sólo el extracto de llamadas de un teléfono a otro, pero no se habló de los contenidos”.
Las últimas referencias del fiscal fueron, hace una semana, la petición de declaración del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, sobre la denuncia de inducir, por medio de campaña proselitista, al voto nulo en las elecciones judiciales.
En mayo de 2010, polemizó el caso de gastos reservados y fue alejado de éste y reemplazado por los fiscales Genaro Quenta y Patricia Oblitas, por acusar al cardenal Julio Terrazas de recibir 115.000 bolivianos, durante el Gobierno del expresidente Hugo Banzer Suárez.
Hablan de ESPIONAJE. Las palabras de Llorenti con las que justificó el procedimiento gubernamental, “todo fue en el marco de un orden interno y la seguridad del país”, refrescaron en la colectividad el respaldo oficialista a la promulgación, a fines de julio, de la Ley de Telecomunicaciones. La crítica de políticos de oposición, abogados constitucionalistas y sectores sociales giró en torno a la legalización de las intervenciones a las llamadas, que autoriza la mencionada ley. La fiscal Betty Yañíquez ratificó a Erbol que “el delito cometido por los indígenas será definido por esa ley”.

 EL GOBIERNO CITA A EEUU, QUE NIEGA EL APOYO. Carlos Romero, canciller interino, convocó para las 17.00 a una reunión a funcionarios de la Embajada de EEUU para esclarecer sus nexos con los dirigentes. “No es espionaje, es un registro de llamadas a dirigentes indígenas, porque no son comunicaciones con cualquier persona, sino con principales líderes de la marcha. Por razones de seguridad de Estado, debemos esclarecerlo”.
En un comunicado de prensa, la Embajada estadounidense negó cualquier intromisión en la marcha. “Ni la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia ni ningún otro elemento del Gobierno de los Estados Unidos ha otorgado ningún tipo de apoyo a la marcha indígena”. Agregó que mantiene nexo con diversos sectores de la sociedad en el ámbito diplomático y que “el tema del TIPNIS debe ser solucionado mediante el diálogo”.
06.00 fue la hora en que se reanudó ayer la marcha de los indígenas desde San Ignacio de Moxos.

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